Intercambio automático de información fiscal: qué países comparten tus datos.
"Tengo una cuenta bancaria en otro país. ¿Mi gobierno puede saberlo?". Es una pregunta habitual entre empresarios, inversionistas y personas con patrimonio internacional. Durante años, mantener activos en el extranjero podía parecer una forma de mantenerlos fuera del alcance de las autoridades fiscales del país de residencia. Hoy, esa idea necesita una revisión mucho más cuidadosa.
Mediante el intercambio automático de información financiera, numerosos países comparten datos de determinadas cuentas bancarias y financieras con las autoridades fiscales de otras jurisdicciones. Esto no significa que todos los países intercambien toda la información entre sí, pero sí que tener una cuenta o una sociedad en el extranjero no garantiza que esa información permanezca fuera del conocimiento de las autoridades de tu país.
Qué países intercambian información fiscal.
El mecanismo más extendido es el Estándar Común de Reporte, conocido como CRS, desarrollado por la OCDE. Más de cien jurisdicciones han implementado este sistema, entre ellas España, México, Colombia, Argentina, Reino Unido, Suiza y Singapur. También participan numerosos centros financieros internacionales.
Sin embargo, no basta con que dos países formen parte del sistema. Para que exista un intercambio automático bajo el CRS, debe estar activada la relación de intercambio correspondiente entre ambas jurisdicciones. La lista oficial de la OCDE permite comprobar qué relaciones están vigentes.
Estados Unidos, por su parte, utiliza un marco distinto, conocido como FATCA, con obligaciones específicas para determinadas instituciones financieras y mecanismos de intercambio con países asociados. Por eso, no conviene asumir que todos los países operan bajo las mismas reglas.
La jurisdicción donde se abre una cuenta importa, pero también importa dónde se considera que resides fiscalmente y qué acuerdos de intercambio resultan aplicables.
Qué información pueden compartir los bancos.
Bajo el CRS, las instituciones financieras sujetas a las reglas de reporte pueden comunicar información como la identidad del titular, su residencia fiscal, el número de cuenta, el saldo o valor de esta y determinados ingresos financieros, como intereses y dividendos. Según el tipo de cuenta, también pueden reportarse otros importes. En determinadas entidades, el reporte puede incluir información sobre las personas que las controlan.
Esto no significa que cada movimiento bancario se envíe automáticamente ni que todas las cuentas estén sujetas a idénticas obligaciones. El alcance depende del tipo de institución, de la cuenta y de las normas aplicables.
Tampoco debe confundirse el intercambio automático con una investigación fiscal individual. La información se transmite de acuerdo con los procedimientos establecidos y puede utilizarse para comprobar si las obligaciones tributarias declaradas son coherentes con los datos recibidos.
Para quien posee cuentas, inversiones o sociedades internacionales, el punto relevante es que la información financiera puede cruzarse con las obligaciones fiscales de su residencia.
Tener una sociedad extranjera no elimina las obligaciones fiscales.
Una sociedad constituida fuera del país de residencia puede cumplir una función legítima dentro de una estrategia empresarial o patrimonial. Sin embargo, su existencia no elimina automáticamente las obligaciones fiscales de sus propietarios ni convierte sus activos en información inaccesible.
El tratamiento dependerá de factores como la residencia fiscal del titular, la actividad de la sociedad, su clasificación bajo las reglas de reporte y las normas aplicables a las entidades extranjeras controladas.
Por eso, elegir una jurisdicción únicamente por la percepción de privacidad puede conducir a una decisión equivocada. La planificación internacional debe considerar tanto la legislación local como las obligaciones que puedan existir en el país donde reside el propietario.
La transparencia fiscal no impide diseñar estructuras internacionales. Lo que exige es que la estructura tenga una finalidad legítima, que su funcionamiento sea coherente con la realidad y que sus obligaciones estén correctamente identificadas.
Cómo lo abordamos en ARX.
Cuando analizamos una estructura internacional, no nos limitamos a elegir un país para constituir una sociedad o abrir una cuenta. Evaluamos la residencia fiscal del cliente, la función de cada entidad, la naturaleza de sus activos y las obligaciones de información que pueden resultar aplicables.
El objetivo es diseñar una solución coherente con sus actividades y sus objetivos patrimoniales, sin confundir privacidad con ausencia de transparencia ni asumir que una jurisdicción ofrece las mismas condiciones para todos.
¿Tienes cuentas, inversiones o sociedades en distintas jurisdicciones?
Con el Método ARX analizamos cómo se relacionan tus estructuras con tu residencia fiscal y qué obligaciones debes considerar antes de tomar decisiones.
ARX | Consultoría Patrimonial Privada.
